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Writer, Professor, Revolutionary.

La crisis de México en el contexto del desafío de América Latina al imperialismo

13-10-2006
Presentación en el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad celebrado en Roma, Italia, del 11 al 13 de octubre de 2006
La crisis de México en el contexto del desafío de América Latina al imperialismo

James D. Cockcroft
Rebelión [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=39241]
Traducido del inglés para Rebelión y Tlaxcala por Chelo Ramos

En el contexto del creciente desafío que América Latina y el Caribe, así como otras regiones del mundo, presentan al imperialismo usamericano, México ha experimentado un golpe de estado electoral diseñado o apoyado por fuerzas de la derecha favorables a las grandes corporaciones, al narcotráfico y al clero, y por sus aliados en los medios de comunicación, la embajada de Usamérica y Washington. Esta es una nueva fase crítica en lo que he denominado “la introducción de dictaduras por etapas” tanto en México como en Usamérica. La crisis resultante se relaciona más con los 25 años del reinado del neoliberalismo económico y las respuestas de los movimientos sociales mexicanos, que con la política electoral como tal.

En América Latina, el neoliberalismo económico ha socavado la industria local, el pequeño campesinado y las oportunidades de trabajo, así como toda la credibilidad o legitimidad de las limitadas “democracias burguesas” logradas por las luchas populares contra las brutales dictaduras militares de los años 1964-1982. El gradual genocidio económico del neoliberalismo en contra del pueblo ha ocasionado incontables muertes prematuras y ha generado una pobreza humillante para más de las tres cuartas partes de la población de la región, una disminución de la capacidad de ascenso de las clases medias, desesperados esfuerzos de defensa de las menguadas filas de los trabajadores organizados y oleadas de migración interna y externa. También ha producido la multiplicación de los movimientos sociales y giros electorales hacia la izquierda que, en el caso mexicano, incluyen las elecciones presidenciales robadas en 1988 y 2006.

El imperialismo usamericano ha respondido de manera violenta, con métodos que tienden cada vez más hacia lo militar y paramilitar: construcción de nuevas bases militares; amenazas y actos terroristas contra los pueblos de Venezuela, Cuba, Bolivia y los llamados “estados fallidos” en toda la región; intervención militar para derrocar gobiernos elegidos democráticamente, como en Haití; desestabilización de gobiernos de centro/izquierda o populistas/nacionalistas; fomento de gobiernos paralelos del crimen organizado; más represión de estado y terrorismo paramilitar; conspiraciones al estilo de la CIA y movilizaciones contrarrevolucionarias estimuladas por los medios de comunicación; reaparición de escuadrones de la muerte; criminalización de actos de protesta; aumento de la violencia contra las mujeres, los homosexuales, los transexuales, las minorías étnicas, la juventud inconformista, los periodistas y las organizaciones progresistas; y, por supuesto, amenazas e intervenciones en campañas electorales nacionales en 2006, como en los casos de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Venezuela –y México-.

El golpe electoral mexicano fue preparado y puesto en marcha antes y después de la fraudulenta votación presidencial del 2 de julio de 2006. La participación ilegal y delictiva de la oficina del presidente Vicente Fox en contra de la futura campaña del candidato de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador, incluye a los “videoescándalos” en 2003, a través de los cuales se intentó involucrar a López Obrador en casos de corrupción, así como el caso del desafuero en 2004, en el que se intento despojarlo de su inmunidad como funcionario elegido, plan que fracasó cuando 1,3 millones de personas recorrieron el Paseo de la Reforma de Ciudad de México en la histórica “Marcha del Silencio”.

Luego, durante la campaña, la oficina de la presidencia usó fondos públicos y a los medios de comunicación privados y monopolizados para demonizar a López Obrador, repitiendo una y otra vez la acusación del director nacional de inteligencia de Usamérica, John Negroponte, de que López Obrador representaba un “peligro” para México. Esto formaba parte de un plan más amplio de “guerra sucia” en la campaña electoral dirigida por el candidato del partido de Fox, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa.

Las pruebas disponibles sugieren que López Obrador obtuvo entre medio millón y dos millones de votos más que Calderón, el ganador “oficial” por un margen de apenas 0,58%, y que la burguesía mexicana y el imperialismo usamericano seguirán tratando de impedir un México gobernado por López Obrador o por quienes piensen como él. ¡Ahora hay planes de quemar todas las boletas electorales, como se hizo en 1988, en lugar de recontarlas!

Como consecuencia de ello, han surgido formas incipientes de “poder dual”. Un movimiento de resistencia cívica, pacífico y disciplinado, ha tratado de evitar que se repita el infame robo de las elecciones presidenciales ocurrido en 1988, defendiendo la legitimidad de la nueva presidencia de López Obrador, a quien el movimiento pretende juramentar el 20 de noviembre, “Día de la Revolución”, la fecha en la que comenzó la Revolución Mexicana de 1910. Este nuevo movimiento, calumniado o ignorado por los engañosos medios de comunicación, también promete protestar y bloquear la juramentación “oficial” de Calderón el 1 de diciembre y otras apariciones públicas del “presidente” ilegítimo de México. Como en la Revolución Mexicana de 1910, cuando la consigna de Francisco I. Madero fue “sufragio efectivo, no reelección”, la consigna de este movimiento es “sufragio efectivo, no imposición”. Citando el artículo 39 de la Constitución de 1917, que otorga al pueblo la soberanía nacional y el derecho inalienable de modificar la forma de su gobierno, este movimiento convoca a fundar una nueva república con plena soberanía nacional.

El movimiento mexicano por una nueva república es producto de más de dos décadas de protestas sociales contra el neoliberalismo y la entrega de gran parte de la economía nacional a bancos y corporaciones extranjeros, especialmente después de la entrada en vigencia del TLC y el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Desde el 2 de julio de 2006, han ocurrido tres megamarchas, en la última de las cuales, el 30 de julio, participaron al menos 2,5 millones de personas, o uno de cada 40 mexicanos. También se celebró una “asamblea y vigilia popular” durante siete semanas, las 24 horas del día, en 47 campamentos instalados en los 11 kilómetros de las calles del centro de la ciudad más grande del mundo, Ciudad de México, a la cual se unió López Obrador, cuyo partido político, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), gobierna la ciudad. Muchos otros campamentos y protestas pacíficas han ocurrido en todo el país, incluso en el norte “conservador” donde el PRD aumentó su porcentaje de votación, aunque, como era predecible, perdió ante el PAN. El corrupto Tribunal Electoral y la Suprema Corte rechazaron la principal solicitud de los manifestantes: el recuento de todos los votos.

El 1 de septiembre, miembros del PRD, el segundo partido del Congreso recién elegido, junto con varios nuevos legisladores izquierdistas, impidieron que el presidente Vicente Fox presentase su informe de Gobierno al Congreso. El 16 de septiembre, la Convención Nacional Democrática (CND), con más de un millón de delegados, aprobó propuestas para realizar cambios revolucionarios a través del Frente Amplio Progresista, la coalición electoral de López Obrador “Por el Bien de Todos”, ampliada para incluir a varios sindicatos, movimientos sociales, grupos e individuos. La CND decidió apoyar la futura presidencia de López Obrador y programar otra convención en 2007, así como asambleas ordinarias de la comisión política nacional, la comisión de resistencia civil y la comisión de reforma constitucional, todas recientemente nombradas. Por último, la CND decidió realizar un plebiscito en 2007 para convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución (o modifique la vigente de 1917), a fin de incorporar las demandas de “los de abajo” –la mayoría de los mexicanos-, incluyendo a los indígenas, que viven y trabajan en condiciones de pobreza extrema. En palabras de López Obrador:

“Queremos vivir en una patria diferente, ya no queremos que haya mexicanos de primera y de segunda, no queremos que haya 50 millones de pobres que carecen hasta de lo más indispensable cuando México ocupa el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, ya no queremos vivir en un mar, en un océano de desigualdades. ¡Arriba los de abajo!”

No es ninguna sorpresa que innumerables mexicanos estén participando en este movimiento nacional encabezado por López Obrador y la CND para defender su incipiente pero violada democracia y sus movimiento sociales formados por gente de todas las edades. Están desafiando el Estado “oficial” del presidente Fox, un cachorro del imperialismo usamericano, y a su sucesor Calderón, cuya campaña se basó en un programa de “reforma económica” populista, que prometió seguir adelante con las privatizaciones que se están realizando en los sectores de energía, educación y salud y aprobar una nueva ley del trabajo que tendría el efecto de debilitar los sindicatos independientes y fortalecer aún más los dirigidos por “los charros” (sindicalistas corruptos). Pocos mexicanos confían en las instituciones del Estado, que durante el reinado del neoliberalismo se han vuelto más corruptas que nunca antes y, por lo tanto, no tienen legitimidad a ojos del público en general.

Igualmente importante, en el estado mayoritariamente indígena de Oaxaca, donde el PRD ganó las elecciones del 2 julio, un asombroso movimiento pacífico, que ya dura cuatro meses, de maestros, estudiantes, campesinos, obreros, pequeños comerciantes e, incluso, algunos policías, ha creado la “comuna de Oaxaca” y una forma de poder dual bajo los auspicios de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El pueblo, unido en la APPO y sin partidos políticos, está manejando el estado mediante la acción directa. Han exigido la destitución del corrupto gobernador del estado, Ulises Ruiz, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual llegó en tercer lugar en las elecciones de presidente y Congreso. Este movimiento ha crecido a pesar del aumento de la represión por parte de los matones contratados por Ulises Ruiz y de la Policía Federal Preventiva (PFP), conocida por sus actos de violencia y violaciones contra la comunidad de San Salvador de Atenco en mayo de 2006. Ulises Ruiz cuenta con el apoyo del presidente Fox, del PAN y de la mayoría del PRI. En Oaxaca y en otros estados del sur se han perpetrado innumerables violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, disparos y destrucción violenta de emisoras de radio alternativas.

En este momento, cuando termino de escribir este artículo (2 de octubre de 2006), más unidades de la PFP y de las Fuerzas Armadas mexicanas están tomando posiciones en Oaxaca. Al mismo tiempo, la “Marcha-Caravana de la Dignidad de la APPO” está llegando al Senado nacional en Ciudad de México para exigirle que destituya a Ulises Ruiz de su cargo de gobernador. El Senado tiene facultades constitucionales para hacerlo y, de hecho, hace algunos años destituyó a otro gobernador impopular de Oaxaca. Ahora, sin embargo, el Senado está controlado por el “PRIAN” (el PAN y el PRI). El presidente Fox ha advertido que si no se llega a un acuerdo negociado a más tardar el 4 de octubre, “la transgresión de la ley debe ser indebida y debe ser castigada”. ¡Palabras amenazadoras del mismísimo gran violador de la ley!

Movimientos organizados unitarios iniciados por pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, en su mayoría campesinos, maestros, estudiantes, dependientes, vendedores ambulantes, desempleados y sindicalistas, están creando “comunas” en otros estados como Guerrero. Mientras tanto, los municipios autónomos de los Zapatistas en Chiapas siguen gobernándose y defendiéndose de las fuerzas paramilitares del gobierno y los escuadrones de la muerte.

Las élites políticas y empresariales mexicanas temen que estos ejemplos bien organizados y altamente disciplinados de acción directa del “poder del pueblo” sigan creciendo. Aún más, en la izquierda mexicana, tanto en la nueva coalición anticapitalista forjada durante la “Otra Campaña” no electoral que los zapatistas desarrollaron durante un año, como en los diversos movimientos multiclasistas que apoyan a López Obrador, a los que ahora se han unido muchos de los grupos y personas que apoyaron la Otra Campaña, se habla cada vez más de la necesidad de celebrar una “Asamblea Constituyente” nacional para crear una nueva constitución en la que se inscriba una genuina democracia política y económica “desde abajo”.

López Obrador, quien realizó una campaña basada en un programa moderado con visos de ser una modificación socialdemócrata del neoliberalismo, ha mostrado un agudo entendimiento de las masas y de la historia de México al moverse resueltamente hacia la izquierda a partir del 2 de julio. Al abogar por cambios revolucionarios sin violencia en beneficio de “los de abajo”, ha denunciado el neoliberalismo, promovido la seguridad social de “la cuna a la tumba” para todos, y advertido de los peligros de la cooptación. Los cinco puntos principales de su programa son proteger a los pobres, defender la soberanía y el patrimonio de la nación, incluyendo los recursos económicos básicos y la diversidad cultural, combatir la impunidad de los violadores de derechos humanos y los funcionarios corruptos, hacer realidad el derecho a la información y reformar las instituciones políticas.

Otras demandas de los movimientos de masas incluyen la aprobación de los Acuerdos de San Andrés de Larráinzar que garantizan el derecho de los indígenas a la autonomía y que recibieron el respaldo de la CND y de López Obrador el 16 de septiembre, que se acabe con el charrismo, que se libere a los presos políticos, que se ponga fin a la militarización de México y a la criminalización de los movimientos sociales, una verdadera igualdad de derechos para las mujeres y fin a la violencia de género, genuina participación democrática en lugar de la toma de decisiones por arriba característica del PRD, a pesar de la promesa de López Obrador de que su gobierno “insistiría constantemente en la transformación democrática de las instituciones”, defensa de los derechos humanos y laborales de la casi tercera parte de la fuerza laboral mexicana que está desempleada o que trabaja en Usamérica, donde la mayoría no pudo ejercer su recién adquirido derecho a votar el 2 de julio; rechazo al TLC y al ALCA; y programas económicos específicos que pongan en jaque no sólo al neoliberalismo sino al propio sistema capitalista.

El futuro de México es tan impredecible e incierto como el movimiento de López Obrador hacia la izquierda. El papel del ejército sigue siendo objeto de acalorados debates. Algunos piensan que su mano estuvo detrás de la aprobación de las medidas para evitar una rumoreada pero falsa amenaza de asaltar el Congreso por parte de los manifestantes en septiembre. Cuarenta vehículos blindados y alrededor de 8.000 policías antimotines, incluyendo miembros de la impopular PFP, rodearon el edificio del Congreso. Pero algunos analistas señalan que es posible que el ejército no se atreva a reprimir directamente a un movimiento de resistencia cívica tan grande, disciplinado y pacífico. Internamente, en las Fuerzas Armadas existen diferencias de opinión e, incluso, elementos favorables al PRD. Muchos policías de Ciudad de México están comenzando a simpatizar con el movimiento. Además, López Obrador ha declarado que “una agresión de la Policía Federal Preventiva al pueblo la tomamos como una agresión del Ejército”. También ha dicho que no tiene problemas con el ejército, pues los mal pagados soldados son familiares de gente “que está en este movimiento” y el ejército “es una institución garante de la soberanía nacional”. No obstante, el aumento de la presencia militar en Oaxaca y las amenazas del presidente Fox no son una buena señal.

Otra interrogante es qué papel jugarán en el futuro los Zapatistas, cuyas cuatro últimas proclamas evidencian una completa desconfianza en López Obrador, el PRD y en todos los políticos de “arriba”, pero respetan el nuevo movimiento de masas que está detrás de la CND porque incluye a muchos de “abajo” y a personas sinceras y honradas. Los Zapatistas siguen en el camino que se han trazado con la Otra Campaña, es decir:

...organizando e inventando otra forma de hacer política... Porque algun@s de abajo... ya identificamos nuestro dolor y al enemigo que lo causa: el capitalismo... no buscamos quién nos dirija, ni a quién dirigir. Y no buscamos conseguir desde arriba lo que se construye desde abajo.

En su quinto comunicado del último día de septiembre, sin embargo, el alto mando de los Zapatistas emitió una ligera autocrítica que concluyó con un plan detallado de debate interno entre todos los grupos e individuos que firmaron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (2005) que dio inició a la Otra Campaña, incluyendo a aquellos que después del 2 de julio de 2006 comenzaron a participar en el inmenso movimiento social a favor de López Obrador y la CND. Las discusiones zapatistas se realizarán en octubre y noviembre a través de Internet y de asambleas locales y la consulta acerca de las propuestas presentadas se realizará entre el 4 y el 10 de diciembre. El objetivo es que la Otra Campaña defina “claramente sus características, su estructura organizativa, su política de alianzas, los lugares de cada quien, quiénes están y quiénes no, así como las tareas comunes.” Entonces, a partir de febrero de 2007 la Otra Campaña pretende iniciar una nueva etapa de viajes y consultas para definir un “Programa Nacional de Lucha”.

A medida que las fuerzas de la derecha tratan de imponer un presidente ilegítimo y de consolidar una dictadura y a medida que la situación llega a niveles explosivos en todo México, se hace cada vez más urgente que durante la consulta zapatista a los adherentes de la Sexta que participan en el Frente Amplio Progresista que apoya a la CND, se inste tanto a los Zapatistas como a López Obrador a tomar medidas serias para lograr la unidad nacional y no meras declaraciones de respeto. Sin esa unidad, las posibilidades de progreso en México se reducirán, mientras que las posibilidades de que se ejerza una violenta represión generalizada aumentarán.

Es muy importante señalar que los dos movimientos sociales más grandes que han surgido en los últimos nueve meses en América están dominados por mexicanos: el movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes en Usamérica y el movimiento a favor de la democracia y contra el neoliberalismo en México. El movimiento de los inmigrantes ha comenzado a relacionarse con el movimiento en contra de la guerra y con el resto de los trabajadores organizados en Usamérica, así como con los movimientos indígenas y otros movimientos sociales en Canadá, Usamérica, México, el resto de América Latina, y con los movimientos por los derechos de los inmigrantes en Europa. Todos los economistas están de acuerdo en que sin el trabajo de los aproximadamente 12 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados, la economía de Usamérica entraría en crisis. No obstante, a finales de septiembre el Congreso de Usamérica aprobó la construcción de un muro de 1.125 kilómetros en la frontera con México, a donde ya el gobierno de Bush ha enviado 6.000 soldados, en lo que representa una amenaza tácita no sólo contra los inmigrantes, sino contra México. El Congreso también aprobó la Ley de Comisiones Militares de 2006, que representa una importante escalada en la “guantanamización” de Usamérica y en los ataques a los inmigrantes. Esta ley autoriza al presidente a designar a cualquier persona (ciudadana o no de ese país) como un “combatiente enemigo ilegal” y a detenerla indefinidamente sin acusación ni juicio, con lo que se anula el derecho democrático básico al habeas corpus. La ley, además, impide que los funcionarios gubernamentales sean juzgados por crímenes de guerra o tortura.

Cuanto más se unan estos dos enormes movimientos a ambos lados de la frontera México-Usamérica y cuanto más unan fuerzas los movimientos sociales de toda América, de Europa y del resto del mundo, mayor será el desafío al imperialismo usamericano y las esperanzas de la humanidad. Como afirmé en el libro que publiqué antes de las elecciones, “México: Momento histórico. Decisiones 2006” [México: Jorale Editores & Universidad Autónoma de la Ciudad de México, junio de 2006, www.jamescockcroft.com], México es un factor fundamental en los planes del imperialismo usamericano para dominar América Latina y el resto del mundo.

Es posible que la celeridad con la que ocurran las transiciones distanciándose del neoliberalismo capitalista y la frecuencia de las rupturas con el capitalismo y el imperialismo, sean decisivas para el futuro de México, que se encuentra actualmente en un estado de semiinsurgencia, y para el futuro de todo el planeta. En última instancia, la humanidad no podrá salvarse si no crece, y pronto, la práctica del internacionalismo, ya vigorizado por los recientes sucesos en América Latina, el movimiento altermundialista y los encuentros internacionales como éste.

El internacionalismo es un proceso de solidaridad humana e intercambio de experiencias, de aprender del “otro”. Las personas reunidas aquí y en encuentros internacionales similares en todo el mundo, tienen la oportunidad de producir un cambio decisivo.

Permítanme ahora concentrarme en lo que este encuentro mundial de intelectuales y artistas puede hacer por México. En mi opinión, debemos proclamar aquí y en el creciente número de capítulos de nuestra Red de redes en Defensa de la Humanidad, nuestra solidaridad con el pueblo de México que está resistiendo un golpe de estado electoral que ha roto su orden constitucional, al mismo tiempo que resiste el imperialismo y un sistema económico internacional que sufren no sólo en México, sino también en Usamérica, Canadá y Europa. Debemos pedir que no se reconozca el gobierno de Calderón por haber sido elegido de manera fraudulenta, que se reconozca la presidencia legítima de López Obrador y que se apoye el incipiente proceso democrático de la CND, así como la lucha de los Zapatistas. Debemos apoyar la comuna de la APPO de Oaxaca. También debemos apoyar a los comuneros de San Salvador Atenco, tan brutalmente atacados el pasado mes de mayo, y la liberación de todos los presos políticos de México, y que se responda por los cientos de “desaparecidos”.

Por último, debemos defender el derecho de habeas corpus y exigir que las autoridades usamericanas suspendan de inmediato todas las detenciones sin acusación o con falsas acusaciones, como en el caso de los “Cinco de Cuba”, a quienes considero verdaderos “héroes de la humanidad”, y de innumerables inmigrantes árabes, mexicanos y latinoamericanos. Debemos exigir que cese la impunidad de los torturadores del mundo y de los criminales de guerra de las últimas seis décadas y declarar nuestro apoyo a los inmigrantes del mundo. Al condenar una vez más al imperialismo usamericano y al gobierno de Bush, debemos estar seguros de expresar nuestro apoyo por el pueblo de Usamérica que enfrenta la llegada de la tortura y el fascismo.

Todo dependerá de la unidad e internacionalismo que puedan construirse alrededor de los movimientos sociales y de los gobiernos progresistas, dadas las crecientes presiones del imperialismo. Una unidad e internacionalismo que no sólo son posibles sino que son absolutamente necesarios. Los debates acerca de los socialismos de América Latina generalmente se basan en el principio de la creación de estados ecológicamente responsables de “poder popular”, donde el pueblo (o, en el lenguaje de los Zapatistas y cada vez más en el de López Obrador, los de abajo) sea, en palabras de la Constitución de Venezuela, “el protagonista”. Todos estamos de acuerdo en el objetivo fundamental: liberar a la humanidad, celebrar la vida, honrar la muerte y salvar al planeta.

El Dr. James D. Cockcroft (Ph.D., Universidad de Stanford), autor premiado y activista por los derechos humanos, es profesor de Internet en la Universidad Estatal de Nueva York y vicepresidente del Tribunal Benito Juárez. Es autor de 40 libros sobre América Latina, México, derechos humanos, migración, multiculturalismo, Oriente Próximo y políticas públicas, y también es poeta. Ha obtenido la beca Fulbright en tres oportunidades y es editor honorario de la revista “Latin American Perspectives”.y miembro de la Junta Editorial del periódico sueco “Tidsignal”. Entre sus libros más recientes están América Latina, La Esperanza de México, Visiones Latinas, México: Momento Histórico. Decisiones 2006, y Trabajadores de Michoacán. Historia de un Pueblo Migrante. Inmigrante canadiense, es miembro de la Coalición Venezuela Estamos Contigo, de la Mesa de Concertación de Solidaridad Quebec-Cuba, del Comité Fabio Di Celmo por los 5, del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial y del Comité Coordinador Internacional en Defensa de la Humanidad. Su blog bilingüe es www.jamescockcroft.com.

Chelo Ramos es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.